Manifiesto por la libertad de la educación

Padres extremeños rechazan en un manifiesto la educación sexual que implantará la Ley del Aborto en las aulas
[ 20-01-2010 ] Europa Press La plataforma Objetorex afirma que el Ministerio de Sanidad "ha convertido las escuelas en un campo de batalla ideológico"

Un total de 143 plataformas y asociaciones de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EPC) en España presentaron hoy un manifiesto en diez ciudades del país, entre ellas Mérida, para mostrar su rechazo a la educación sexual que implantará, con carácter obligatorio, en los centros de enseñanza la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
(www.profesionalesetica.org/wp-content/uploads/2010/01/adhesiones_manifiesto.pdf
www.hispanidad.com/imagenes//logosr.pdf)

También nuestro centro se ha unido a este manifiesto.



MANIFIESTO POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN
Ante la próxima implantación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva
y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que contempla “un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo”, desarrolladas en sus artículos 9 y 10 bajo los epígrafes “Incorporación
de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo” y “Actividades formativas”, los padres y educadores, conscientes de nuestra responsabilidad educativa, amparada por el artículo 27.3 de la Constitución española,
MANIFESTAMOS:

1. Que el desarrollo presuntamente educativo de esta ley constituye un paso más del proyecto ideológico y cultural, de transformación de la sociedad que lleva a cabo el gobierno, iniciado, entre otras muchas disposiciones,
por la configuración reglamentaria de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y vulnera, igualmente, “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” (art. 27.3 CE).
2. Que esta propuesta educativa se enmarca en los planteamientos esbozados
en el preámbulo de la LOE, concretando y desarrollando los principios relativos a Educación para la Ciudadanía y estableciendo un explícito propósito de extender la “perspectiva de género” dentro del ámbito escolar, lo cual constituye, de nuevo, un evidente intento de adoctrinamiento que vulnera la neutralidad ideológica que ha de presidir
el sistema educativo y las recomendaciones que, en este sentido, ha realizado el Tribunal Supremo en las sentencias de 11 de febrero de 2009 sobre objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, al tratarse de una cuestión sobre la que no existe un “generalizado consenso
moral”.
3. Que, por tratarse de un importante elemento constitutivo de la personalidad,
la formación en el ámbito de la sexualidad conlleva una dimensión moral indiscutible, por lo que en esta materia, son los padres quienes tienen el derecho y el deber de decidir el tipo de formación
y la orientación que desean para la educación de sus hijos, que sea conforme a sus convicciones, sin que el Estado pueda imponer, con carácter obligatorio, una determinada. La educación sexual constituye, por tanto, un ámbito de la intimidad personal, con evidentes implicaciones
morales, que resulta inviolable y que el Estado no puede invadir en ningún caso.
4. Que la formación básica conceptual sobre la sexualidad humana se encuentra
ya desarrollada en diversas asignaturas del currículum educativo
y no se aprecian motivos curriculares suficientes que justifiquen la introducción de la llamada formación en salud sexual y reproductiva
en los planes de estudio actuales, lo que pone de manifiesto su intención puramente adoctrinadora.
5. Que la impartición de esta formación en salud sexual y reproductiva
está previsto que se lleve a cabo por profesionales sanitarios externos
al profesorado de los centros e impuestos por las administraciones,
lo que constituye una clara intromisión en el caso de los centros con ideario propio. Existen, por otra parte, suficientes experiencias de acciones formativas de este tipo en centros escolares que han sido llevadas
a cabo por colectivos y personas con una clara adscripción ideológica
muchas veces contraria al ideario del centro y sin contar con el beneplácito de los padres.
POR TODO LO CUAL SOLICITAMOS:
6. De las administraciones educativas, la retirada de los aspectos llamados
educativos que contiene esta Ley, en cumplimiento del deber de neutralidad ideológica y respeto al derecho de los padres a la elección de la formación moral de sus hijos amparado por la Constitución y por numerosos textos y tratados internacionales.
7. De los centros educativos con ideario propio, la oposición efectiva a este nuevo intento de adoctrinamiento que, en línea con las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, conculca los derechos de los padres a elegir para sus hijos la formación moral que esté de acuerdo con sus convicciones pues, si los centros concertados acceden a impartir esta llamada educación sexual y reproductiva, incumplen el compromiso adquirido con los padres de formar a sus hijos según su ideario propio.
8. De los centros educativos de la red pública, el cumplimiento escrupuloso
de la neutralidad ideológica que les impone la ley, negándose, por tanto, a imponer a sus alumnos una visión concreta de los aspectos controvertidos y no compartidos socialmente de la dimensión sexual de la persona, debiendo respetar, en todo caso, los derechos de los padres
a que sus hijos reciban la formación moral que estimen más conveniente
y a que no reciban la que contradice sus personales convicciones.
9. De los profesionales, profesores y científicos del ámbito de las Ciencias de la Salud, la manifestación de su rechazo a participar en este proyecto de formación en salud sexual y reproductiva que, sin el consentimiento de los padres, pretende imponerse en el ámbito escolar
y constituye una intromisión más del Estado en un ámbito que le está vedado, con la consiguiente vulneración de los derechos de los padres, además de una formación con un marcado sesgo ideológico.
10. De los padres, su rechazo explícito y activo de esta nueva intromisión del Estado en el ámbito de las libertades individuales que, en continuidad
con la implantación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía,
constituye todo un proyecto de adoctrinamiento de nuestros hijos, sin el respeto al derecho que nos asiste, para establecer nuestras preferencias en cuanto a la formación moral que deseamos para ellos. En este sentido, si finalmente se introducen tales enseñanzas en el currículum,
actuaremos empleando todos los medios legítimos a nuestro alcance para defender los derechos y libertades que nos asisten, por el hecho de ser padres sin excluir el recurso a las acciones legales oportunas
y a la objeción de conciencia.

En Madrid, a 20 de enero de 2010